Las revelaciones aportadas por Wikileaks vienen a ratificar lo que ha sido desde mucho tiempo atrás un secreto a gritos. Los EE.UU. —y las transnacionales que conforman el verdadero poder imperial— son los mayores interesados en promover legislaciones y acuerdos de propiedad intelectual cada vez más fuertes y están dispuestos a exigir, utilizando todos los medios a su alcance, que el resto del mundo haga lo mismo.
Lillian Álvarez
Las revelaciones aportadas por Wikileaks vienen a ratificar lo que ha sido desde mucho tiempo atrás un secreto a gritos. Los EE.UU. —y las transnacionales que conforman el verdadero poder imperial— son los mayores interesados en promover legislaciones y acuerdos de propiedad intelectual cada vez más fuertes y están dispuestos a exigir, utilizando todos los medios a su alcance, que el resto del mundo haga lo mismo.
Pero puede que alguien no comprenda aún el por qué de ese interés cuando las normas de propiedad intelectual tienen como objetivo declarado proteger e incentivar la creación y el desarrollo de las artes, las letras y el desarrollo científico, algo al parecer tan poco afín a los afanes guerreristas, coloniales y de saqueo con que identificamos a la política exterior yanqui desde hace más de dos siglos.
Habría que repasar algunas informaciones para entenderlo cabalmente. En los EE.UU. los ingresos relacionados con los derechos de autor (solo una “rama” de la denominada propiedad intelectual) fueron en el 2006 de alrededor de 1.38 billones de dólares anuales.[1] Nada más pensemos en el software y el poder y presencia de los productos Microsoft o Apple; o en la lucrativa industria de los videojuegos, o en la audiovisual con Hollywood y sus gigantes estudios, o en la musical, pasando por la millonaria de la publicidad, el diseño y otras. En cuanto a otros derechos de propiedad industrial, de este país provienen los propietarios de muy famosas y extendidas marcas y más costosas y cuestionables patentes [2] ya sean farmacéuticas (Johnson & Johnson, Pfizer), tecnológicas (Apple, IBM, Google, Hewlett-Packard, etc.) o biotecnológicas, como las de la trágicamente célebre transnacional Monsanto.
Estas corporaciones, propietarias de estos derechos, necesitan garantizar que en los mercados en donde sus productos, patentes o marcas estén presentes (y de hecho lo están, gracias a la globalización, en todas partes del mundo) exista un ambiente “propicio” para su protección, de manera que no se desvíe ninguna posible ganancia desde los países más remotos donde pudieran generarse.
Los autores del expediente Copy South (un excelente análisis acerca de las consecuencias de las legislaciones de propiedad intelectual en los países subdesarrollados) se preguntan concretamente por qué necesitamos los países del Sur aprender las políticas de propiedad intelectual “cocinadas” en los países desarrollados:
“Mientras los países del Norte, particularmente Estados Unidos, han pasado de una base manufacturera a una base de servicios, y por ende a una base de conocimiento para sus economías, se ha hecho crucial la creación de nuevas fuentes de ingresos. Los gobiernos pueden proteger mejor esos nuevos flujos de ingresos si las tecnologías y el contenido que constituyen la base del conocimiento —tal como software bajo licencia o productos de esparcimiento— se protegen más despiadadamente con un régimen de propiedad intelectual amplio y aplicado globalmente; de hecho, tal protección ayuda a las industrias del copyright del Norte a obtener beneficios monopólicos más elevados”.[3]
Ya el propio gobierno de los EE.UU. lo ha dicho expresamente: la propiedad intelectual es un tema estratégico en su política exterior y será defendida, al decir del propio Obama, “agresivamente”.
Al revisar un buen número de cables filtrados por Wikileaks sobre temas de propiedad intelectual, provenientes de embajadas de los EE.UU. en diversas partes del mundo, se hace evidente la forma en que actúa este país para lograr sus objetivos.
1. Primeramente puede afirmarse que las embajadas de los EEUU realizan un monitoreo sistemático del estado de las legislaciones de propiedad intelectual, su instrumentación y aplicación en cada país, incluyendo la posición de funcionarios y políticos que pueden incidir en decisiones locales en esta materia.
2.Las embajadas de los EEUU ejercen presiones directas sobre funcionarios que pueden incidir en esta materia a fin de lograr acuerdos y compromisos de colaboración respecto a cambios legislativos y acciones estatales contra los infractores de la legislación de propiedad intelectual.
3. Estas acciones se han intensificado en países europeos a fin de que se adopten cambios legislativos nacionales dirigidos fundamentalmente a frenar la llamada piratería en Internet, cuyos ejemplos más notorios han sido las acciones directas para la aprobación de la llamada Ley Sinde en España, 04MADRID736, 07MADRID2305,10MADRID174, 08MADRID843, entre otros y la Ley Hadopi en Francia 09PARIS559, entre otros.
4. Las embajadas de los EEUU contactan al sector privado y sus asociaciones para incitarlos a que presionen a sus gobiernos e intenten acelerar los cambios legislativos y acometer las acciones deseadas.
5.Organizaciones como el Departamento de Comercio —fundamentalmente a través del Programa de Desarrollo del Derecho Comercial—, la Oficina de Marcas y Patentes (USTPO), y la Corte Suprema de Justicia ejecutan directamente, con el apoyo de las embajadas de EEUU, acciones de capacitación en muchos países, dirigidas a funcionarios, jueces, fiscales, policía, personal de aduanas, estudiantes y otros a fin de familiarizarlos y entrenarlos en la lucha contra las infracciones de la propiedad intelectual.
7. Los EEUU a través de sus embajadas, promueven, chequean y presionan a los gobiernos para su adhesión a acuerdos de propiedad intelectual con altos estándares de protección, tales como los de la OMC y la OMPI u otros cuyos estándares los superan, como el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), y otros acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio.
8. Las embajadas de los EEUU asumen como propios los objetivos de Microsoft y la Business Software Alliance (BSA) y tratan de impedir el avance del software libre, el open source y la adopción de estándares abiertos.
9. Las embajadas de los EEUU siguen de cerca la acción de los llamados Partidos Piratas, que se oponen a las normativas actuales de propiedad intelectual previendo su posible influencia en la sociedad y en el gobierno.
10.Se monitorean también los resultados de las acciones administrativas, policiales y sentencias de los tribunales de justicia en torno a la solución de conflictos relacionados con la Propiedad Intelectual:
11.Las asociaciones de empresarios de EEUU tales como Business Software Alliance (BSA), la Motion Picture Association of America (MPAA), Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA) y empresas tales como Microsoft participan en la asesoría directa a los gobiernos y sus datos y análisis son utilizados por los Estados Unidos como fuentes de información para hacer recomendaciones y presionar a los demás países.
12.El “Especial 301” o “Informe 301”, que emite anualmente el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), clasifica a cada país en función del estado de su legislación de propiedad intelectual y de la aplicación de la misma. Este informe es utilizado como instrumento de chantaje para presionar sobre los gobiernos.
Como puede apreciarse, el monitoreo y las presiones sobre los gobiernos abarcan a países de todos los continentes, desde los más subdesarrollados hasta países europeos y socios comerciales.
Pero no pensemos que todas estas acciones son realizadas de forma encubierta. Si revisamos el sitio web delPrograma de Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP), una división del Departamento de Comercio de EE.UU., vemos el gran número de proyectos de “ayuda y capacitación” ya realizados, cuyos temas están relacionados con normas de propiedad intelectual y fundamentalmente dirigidos al sector judicial y a la esfera de la observancia de los derechos. Este Programa tiene como objetivo declarado contribuir a “alcanzar las metas de política externa de EE.UU. en países en vía de desarrollo y países que vivieron conflictos” y ayudarlos a “modernizar” las leyes y reglamentaciones que los conducirán a un “crecimiento económico y a una oportunidad para su población”.
Llama la atención, por ejemplo, que del 19 al 22 de septiembre de 2011 el Programa de Desarrollo del Derecho Comercial y el Instituto Iraquí de Desarrollo Judicial organizarán un taller sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Bagdad. El taller se centraría en los conflictos comunes en materia de marcas, derechos de autor, secretos comerciales y otras formas de propiedad intelectual. Está claro qué necesidades satisface este adiestramiento en un país destruido, absolutamente saqueado en su patrimonio cultural y aún ocupado por tropas extranjeras.
Tomando exclusivamente la información que aparece en este sitio web, conocimos también que entre junio de 2010 y septiembre de 2011, en solo 15 meses, se realizaron 24 acciones de capacitación relacionadas con la propiedad intelectual, entre talleres, cursos, etc. Los países a los que fueron dirigidas estas acciones son: Irak, Kirguistán, Ghana, Liberia, Nigeria, Kenya, Ruanda, Bosnia y Herzegovina, Mali, Egipto, Túnez, Pakistán, Ucrania, Georgia, Ghana, Senegal, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia y Uganda.
El documento sostenía como idea fundamental que la promoción de la propiedad intelectual por sí misma no era válida si no iba acompañada de políticas que respondieran a las necesidades específicas de cada país. Cuestionaba al propio tiempo la armonización ascendente de estas normas, es decir, la intención de aplicar criterios más rigurosos de protección en todos los países con independencia de sus niveles de desarrollo y sin tener en cuenta los costos económicos y sociales que podría imponer esta legislación, no solo a los países pobres sino a todos los consumidores de conocimientos, contenidos culturales y tecnologías, tanto en el Norte como en el Sur.
“No sólo deberán contemplarse y respetarse los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual, sino también los de la sociedad en general, así como los de los segmentos de población especialmente vulnerables”, se expresaba en el documento.
Estas críticas planteadas en la OMPI en el 2005 pueden sin dudas servirnos de referencia a la hora de interpretar la cooperación “desinteresada” realizada no solo por el gobierno de los EE.UU., sino también por otras organizaciones internacionales, asociaciones de profesionales, universidades, institutos, organizaciones no gubernamentales y otras, muchas veces gratuita, tendida como un anzuelo a la boca de un pez hambriento.
Recordemos al profesor Julio Fernández Bulté, Doctor en Ciencias y Profesor de Mérito de la Universidad de La Habana cuando dijo: “siempre he sostenido que la ciencia (del Derecho) no es inocente y se genera y revierte en un medio histórico en el cual, hace el bien o hace el mal. Y el bien y el mal tienen lecturas diferentes para los pobres y para los ricos; el bien del Primer Mundo suele ser el mal de nuestros pueblos y el bien de estos es normalmente visto como actitud subversiva por los personeros del Primer Mundo”.[4]
Las “lagunas” y “debilidades” de nuestros sistemas jurídicos e instituciones, criticadas por muchas organizaciones y “asesores” internacionales, son precisamente los espacios sobre los que debemos avanzar autónomamente, ensayar nuevas ideas y relaciones y construir nuevas estructuras, que podrán ser más o menos eficaces a corto plazo, pero serán al menos un fruto propio y no un cimiento más para apuntalar un orden caduco, y por demás, probadamente injusto.
Ya se sabía, pero el perseguido Julian Assange nos acercó al detalle, la amplitud y desparpajo con que se mueven los amos del mundo, también en estos temas. Ahí están algunos cables, y hay más.
Notas:
[1] Copyright Industries in the U.S. Economy: The 2006 Report
[3] EL DOSSIER COPIA / SUR Problemas económicos, políticos e ideológicos del copyright (derecho de autor) en el Sur global. Grupo de Investigación Copia / Sur, 2006 Editado por Alan Story, Colin Darch y Debora Halbert http://www.porlacultura.org/descargas.php o www.copysouth.org
